La Justicia acreditó que más de 8.000 beneficiarios de Potenciar Trabajo son empleados provinciales
La investigación que llevó a cabo el fiscal federal Guillermo Marijuan sobre los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, sacó a la luz un dato revelador que confirma las incompatibilidades: al menos 8.535 de ellos, tienen el plan a pesar de ser empleados públicos.
Todo se originó a raíz de la solicitud que el funcionario realizó en noviembre a las bases de datos de los trabajadores estatales de las 13 provincias y de Buenos Aires, para cruzarlas con el padrón del plan social.
«La realización de presuntas maniobras ilícitas que podrían encontrar adecuación típica en el delito de defraudación contra la Administración Pública; así como también contra los funcionarios públicos nacionales y provinciales que por sus acciones u omisiones han permitido o facilitado la comisión de estos fraudes contra el Estado Nacional, conductas que, en principio, encuadrarían en el delito de violación de los deberes de funcionario público», acusó el fiscal.
Cabe mencionar que hasta la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, el mayor programa del ex Ministerio de Desarrollo Social era administrado por el líder del Movimiento Evita Emilio Pérsico, desde la secretaría de Economía Social. Y los ministros que estuvieron a cargo de la poderosa cartera fueron Daniel Arroyo, Juan «Juanchi» Zavaleta, y Victoria Tolosa Paz. En las tres administraciones Pérsico siguió a cargo del Potenciar Trabajo.
El detalle de las provincias que revelaron incompatibilidades es el siguiente: Tucumán con 1.145 empleados que cobran el Potenciar Trabajo; La Rioja, con 1.060 -divididos en 303 de planta permanente y 757 contratados-; Jujuy, 652; Corrientes, 518; Salta, 434; Río Negro, 198; Córdoba, 194; Formosa, 180; y Santa Cruz, con 128.
El titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social, ya envió su investigación preliminar a los fiscales federales de turno de esas diez provincias y solicitó la «suspensión y/o baja de planes sociales», en el marco de la investigación preliminar que instruye caratulada como «Caso Coirón Nro. 234746/2023?.
Cada uno de esos beneficiarios estarían en condiciones de ser dados de baja, un hecho que, según la normativa del programa debería ser automático.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello ordenó una «auditoría de cero». Los datos de Marijuan podrían ser de suma importancia.
