Evaluarán a más de 1.000 empleados públicos nacionales en San Juan
En el marco de la estrategia de «racionalización del Estado» impulsada por el Gobierno de Javier Milei, se anunció la realización de un examen de idoneidad que afectará a más de 40.000 empleados públicos en todo el país, incluyendo a aproximadamente 1.100 trabajadores en San Juan. Según Jorge Oruste, secretario general de UPCN Regional, el 80% de estos empleados son contratados, lo que genera incertidumbre sobre su futuro laboral ante la próxima evaluación.
El anuncio fue realizado por Manuel Adorni, vocero del Gobierno Nacional, quien precisó que el examen se llevará a cabo en diciembre, coincidiendo con el vencimiento de los contratos de planta transitoria. Aquellos empleados que deseen renovar sus vínculos laborales deberán aprobar esta prueba, conforme a lo establecido en la Ley de Bases sobre cuestiones laborales.
El examen se realizará en formato online para reducir la subjetividad en la evaluación, aunque se ha informado que las personas con discapacidad no participarán en esta primera fase debido a las adaptaciones requeridas por la normativa laboral vigente.
Frente a esta medida, Oruste expresó su sorpresa, señalando que la evaluación de empleados públicos ya es un procedimiento habitual. «No sabemos a qué reparticiones se estará refiriendo, ya que en el 80% de las reparticiones nacionales hay un sistema de concurso y se realizan exámenes de evaluación cada año. Es algo que hacemos de manera continua», afirmó en una entrevista en Radio Estación Claridad.
El sindicalista también destacó que para ascender en el empleo público es necesario cumplir con ciertos requisitos y evaluaciones, lo que podría restar relevancia a la nueva medida. «No nos preocupa tanto, ya que estamos acostumbrados a estas evaluaciones. Sin embargo, queremos conocer cómo se implementarán estas pruebas para poder ofrecer una opinión informada», agregó.
A nivel nacional, la reacción del sector sindical ha sido contundente. Rodolfo Aguiar, líder de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), adelantó que no aceptarán los exámenes, calificando la medida de «ilegal». Por su parte, Oruste se mostró más cauteloso, enfatizando la necesidad de esperar detalles sobre la implementación del examen antes de tomar una postura definitiva.
