El Gobierno deberá definir si abre una negociación por Lijo y García Mansilla o enfrenta una inoportuna derrota política
A poco de cumplirse un año del anuncio de la postulación del jurista Manuel García Mansilla y del juez federal Ariel Lijo para la Corte Suprema, la principal apuesta política del Gobierno en el ámbito de la Justicia enfrenta horas cruciales y un dilema de imprevisibles consecuencias: o abre una negociación en el Senado o enfrenta una inoportuna derrota.
En la discusión sobre el futuro de las dos vacantes del máximo tribunal hay hechos y certezas, versiones y especulaciones, y las frías imposiciones que se derivan de la Constitución y las leyes y de la fría aritmética parlamentaria. Y dos datos insoslayables: García Mansilla ya juró y empezó a ejercer como juez de la Corte nombrado por Milei en comisión, al igual que Lijo, quien no siguió sus pasos porque los magistrados del alto tribunal le exigieron que antes renuncie a su cargo de juez federal.
Lo cierto es que el Gobierno deberá abordar la última curva de esta larga carrera, con menos fortaleza, debido a episodios desafortunados, errores no forzados y daños autoinfligidos (caso $Libra), que mellaron la imagen del oficialismo.
Entre los hechos que rodean a esta polémica hay que destacar que el kirchnerismo -en coincidencia circunstancial con el radical Martín Lousteau y la larretista Guadalupe Tagliaferri- firmó en la Comisión de Acuerdos el dictamen para discutir el pliego de García Mansilla en el pleno del Senado. Después de eso y con seis firmas de los dos bloques de Unión por la Patria, pidió una sesión especial para el jueves, a las 12, con el objetivo deliberado de rechazar la postulación de García Mansilla y Lijo.
