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A días del paro general, el Gobierno no consigue acercarse a la CGT, pero lograría que haya colectivos

A no ser que el Gobierno logre un acuerdo de último minuto que hasta el momento parece difícil de conseguir, la administración de Javier Milei se enfrentará el próximo jueves al tercer paro general contra su gestión, aunque con un impacto menor al que se esperaba al comienzo.

Desde hace algunos meses, la conducción de la CGT, actualmente liderada por Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (Estaciones de servicio) y Octavio Argüello (Camioneros), endureció su postura hacia la Casa Rosada, con la que venía teniendo hasta entonces una buena relación.

En ese marco, la central obrera convocó, sin previo aviso ni conflicto puntual con el Poder Ejecutivo en el medio, a una medida de fuerza que en realidad será de 36 horas, ya que comenzará al mediodía del 9 de abril, para participar de una nueva marcha por los jubilados frente al Congreso, y seguirá durante todo el 10 de este mismo mes.

Poco después de la convocatoria del paro, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tuvo conversaciones informales con algunos dirigentes gremiales que luego la cúpula cegetista negó, intentando desmentir cualquier diálogo con las autoridades nacionales.

El funcionario, sin embargo, no solo fracasó en su objetivo de acercar posiciones, sino que desestimó avanzar con cualquier reunión con los sindicalistas, al entender que no habría forma de que se cancele o siquiera postergue el cese de actividades.

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Quien sí recibió a un grupo de gremialistas fue el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y logró recientemente atenuar el probable impacto que tendrá el paro general, al anunciar una medida que obligaría a los colectivos a prestar servicios durante la protesta.

El secretario de Trabajo se reunió el 26 de marzo con los representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y con las cámaras empresarias del sector, en el marco de un reclamo salarial.

Al no llegar a un acuerdo, el sindicato anunció un paro propio que se iba a llevar adelante el viernes siguiente a esa reunión, pero finalmente no ocurrió porque el Gobierno dictó la conciliación obligatoria.

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