AUDIO / Buscan inhabilitar por ley a deudores alimentarios y violentos para ocupar cargos públicos
Se trata de un ley presentado por el diputado Leopoldo Soler que busca revolucionar la función pública en los tres poderes del estado. La iniciativa propone inhabilitar para ejercer cargos públicos en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial a quienes tengan deudas por cuota alimentaria o condenas por delitos de abuso de género. Pero la medida va más allá: también se aplicará a los proveedores del Estado, marcando un precedente en la búsqueda de equidad y responsabilidad social.
«El proyecto todavía no tomó estado parlamentario, va a hacerlo en la próxima sesión. Se trata de la inhabilidad que por ley sea aplicable a aquellos deudores alimentarios y/o condenados, que sean delitos a abusos de género. Es para que no puedan ejercer cargos públicos, ni nada lo que tenga que ver con el Estado», explicó en radio Sarmiento el impulsor de la medida, el diputado Leopoldo Soler, delineando el alcance de la propuesta.
El legislador enfatizó el objetivo social detrás de la iniciativa. «Se apunta a comprender socialmente a terminar con esta desafortunada práctica, que vemos casi todo el tiempo en la provincia. Queremos que se respeten los derechos alimentarios y por el género», afirmó, resaltando la necesidad de combatir problemáticas que afectan a gran parte de la sociedad.
Soler reveló que la inspiración para el proyecto no solo surgió de estadísticas, sino también de una experiencia personal. «Para este proyecto no solamente nos basamos en los índices, sino por una experiencia personal que pude observar. Esto se intentó parar por muchos medios legales y sociales, pero aun persisten y hay que seguir insistiendo para llevarlos a su mínima expresión», comentó.
El diputado destacó la amplitud del alcance del proyecto, que no se limita a cargos electivos. «Esto no es solamente para cargo público electivo, sino también para los poderes ejecutivos y judiciales. Es un proyecto ambicioso», explicó, dejando en claro que la propuesta busca una reforma integral en todos los estamentos del Estado.
En cuanto al ente de ejecución de la norma, Soler anticipó una «doble responsabilidad». «Primero está la instancia judicial, que es la que termina revisando la causa ante cualquier denuncia o conocimiento», señaló. Pero también, resaltó el rol de quienes contratan: «También depende de aquellos que tienen que contratar, que deben revisar las condiciones de los candidatos y las personas que contratan».
