La Justicia pidió allanar el Arzobispado e investigar a una escribana por la supuesta venta irregular de una casa en Caucete
La causa por la supuesta compra irregular de un inmueble por parte del Arzobispado de San Juan continúa mostrando nuevas aristas.
En la denuncia figura que el Arzobispado engañó a un hombre que padece psicosis esquizofrénica y psicoafectiva crónica, para que firmara la escritura del inmueble de su propiedad, ubicado en calle Ignacio de la Roza 644. El escrito también expone que la operación se llevó adelante por un monto mucho menor al que dicta el mercado.
Ahora, el fiscal Carlos Rodríguez solicitó una serie de medidas para ampliar el requerimiento de instrucción que ya había realizado días atrás. El pedido incluye investigar a la escribana Susana Celani, en cuya oficina se firmó el boleto de compraventa con el obispo auxiliar Carlos María Domínguez y un contador de la institución.
La escribana quedó en la mira por haberle dado legalidad a la operación comercial, sin que hubiera tenido en cuenta los inconvenientes mentales del vendedor, indicaron fuentes judiciales. Está imputada como presunta partícipe de una defraudación agravada, que se denomina «circunvención de incapaces», la cual consiste en abusar de «las necesidades, pasiones o inexperiencia de un incapaz, declarado o no declarado tal, para hacerle firmar un documento que importe cualquier efecto jurídico, en daño de él o de otro, aunque el acto sea civilmente nulo», según establece el Código Penal.
Además, el representante del Ministerio Público solicitó el allanamiento del Arzobispado para secuestrar el título de transferencia. También planteó que el Registro Inmobiliario informe la cantidad de trámites de cesión y transferencias de inmuebles de particulares a favor de la Arquidiócesis en los últimos seis años, para tener conocimiento si hay donaciones o compras, con el fin de poner en contexto el caso bajo sospecha.
El fiscal también solicitó una pericia psiquiátrica para determinar la capacidad mental del hombre de 78 años.
El origen del caso data del 26 de diciembre del año pasado, cuando la familia del jubilado inició los trámites para su internación judicial, que fue dispuesta el 8 de enero por la jueza de Paz de Caucete, Luciana Salvá.
En ese momento, a los hijos les llegó el dato de que hubo un movimiento comercial con la casa de su padre, que además tiene un salón comercial. Por esto, la magistrada le ordenó el 12 de enero a la escribanía para que informe si el hombre había participado o no de alguna transacción. Tras una reiteración del pedido el 21 de abril, Celani contestó el 4 de mayo que la venta del inmueble a favor del Arzobispado constaba del 30 de diciembre. Según indica en el expediente, se había realizado ante la presencia de Domínguez y un contador.
Luego de averiguaciones particulares, los hijos obtuvieron un informe del Registro Inmobiliario que reveló que la negociación fue por 1 millón de pesos, cuando los denunciantes señalan que el costo del inmueble ronda los 10 millones. Además, aseguran que la plata que figura en la escritura no está.
