Coronavirus en Argentina: en el Gobierno admiten que no tienen las tobilleras electrónicas para controlar a los 1.280 presos de riesgo
A pesar de que el presidente Alberto Fernández avaló la concesión de los arrestos domiciliarios para los presos en riesgo en medio de la pandemia del coronavirus, el Ministerio de Justicia que dirige Marcela Losardo -del que dependen los 14.007 internos del Sistema Penitenciario Federal (SPF)- mira con preocupación la situación: en las últimas semanas más de 200 presos dejaron las unidades carcelarias y el Estado nacional no cuenta con 1.280 tobilleras para todos los presos que están en riesgo de salud.
La situación no ocurre sólo en el sistema federal. En la provincia de Buenos Aires el Sistema Penitenciario Bonaerense sólo tiene 2.000 tobilleras y todas están en uso, ya que hubo más de 1.100 liberaciones en ese distrito desde el inicio de la pandemia del Covid19.
Esa carencia se vuelve explosiva. En la provincia más poblada del país ya hay 17 cárceles plegadas a una huelga de hambre. Unos 1.800 presos bonaerenses -4,12% de la población carcelaria- se encuentran en huelga de hambre desde el 21 abril. En el Servicio Penitenciario Federal (SPF), por su parte, hay 35 internos que no ingieren alimentos desde hace 10 días. El reclamo de todos es el mismo: quieren que los jueces les concedan arresto domiciliario.
En Justicia resaltan que si los jueces decidieran conceder domiciliaria a todos los presos en riesgo de salud, es decir 1,280 internos, no habrá tobilleras para monitorearlos.
En esos casos se puede designar a policías para que concurran periódicamente al domicilio que fijó la Justicia para controlar al detenido, pero hoy las fuerzas federales están abocadas a supervisar el cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio.
A su vez, otro problema surge de la designación de los domicilios para cumplir las penas. Cuando un juez concede el arresto domiciliario, la defensa del detenido debe fijar un domicilio. Una vez cumplimentado ese paso, la comisaría de la zona donde se encuentra la vivienda debe realizar una verificación de la dirección y un informe socio ambiental.
Fuente: Clarín
