Desguace de ARCA: se desprende de casi 3.000 empleados a un costo de $100 millones promedio por cada uno
La motosierra anticipada por el Gobierno para la Agencia de Recaudación y Control Aduanero – ARCA- (exAFIP) ha generado una situación inédita por la reducción de personal entre jubilaciones y retiros voluntarios, pero con la contracara de una monumental erogación por parte del Estado en materia de compensaciones por desvinculación.
A la vez, desató un malestar generalizado en los gremios que tienen representación sindical, con aplicación de medidas de fuerza, en una escalada nunca antes vista en el organismo. Y disparó la alerta en el desmantelamiento de áreas de control por el cierre de un centenar de delegaciones en el interior del país que no fueron guiadas por un criterio recaudatorio, sino de atención al público. Esto generó ruidos y reclamos a la Casa Rosada porque impactó en el padrón de altos contribuyentes con domicilio fiscal en provincias y encendió las alarmas por la ausencia de un plan que apuntale la recaudación, con dos meses continuos de caída, en términos reales contra la inflación.
El 31 de marzo terminó de ejecutarse la segunda etapa del plan de jubilaciones y retiros anticipados que ARCA, a través de la disposición EX-2025-00057262- -AFIP-SDGRHH firmada por el Director Ejecutivo Juan Pazo. Allí se acepta la Indemnización Especial contemplada en el artículo 24 del Convenio Colectivo de Trabajo y el “beneficio adicional” previsto en la Disposición N° DI-2025-3-E-AFIP-ARCA. En números sencillos, entre jubilados y acogimientos al régimen de retiro, se totalizaron casi 3 mil agentes de planta permanente que ya no forman parte del organismo.
