El Gobierno evalúa desregular el mercado inmobiliario
El Gobierno de Javier Milei trabaja en una desregulación de la actividad inmobiliaria, según informó ayer Infobae. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, visitó la Casa Rosada en los últimos días para avanzar en estas reformas. Un día antes, fue el propio presidente de la Nación quien se trasladó a las oficinas del Ministerio, ubicadas sobre Roque Sáenz Peña al 788, a pocos metros de la sede gubernamental.
Aún no hay una fecha precisa para el decreto que incluirá las modificaciones, aunque podría concretarse en los próximos 45 días. Si bien no existen detalles específicos sobre la medida, el foco estaría puesto en que ya no sea obligatorio estar colegiado para ofrecer servicios inmobiliarios y que existan nuevos agentes dedicados a la actividad a los que se les exija una capacitación pero no la colegiación obligatoria.
La idea, según explicaron fuentes oficiales, consiste en que estas nuevas modalidades convivan con los colegios profesionales tradicionales para que existan diferentes opciones en el mercado. La reforma no contempla, en ningún caso, la eliminación de los colegios sino que deje de ser obligatorio pertenecer a ellos para poder dedicarse a la intermediación inmobiliaria.
Con la reforma en estudio, el Gobierno busca incentivar la competencia y reducir costos para compradores y vendedores (ya se eliminó el ITI y la exención del Impuesto al Sello en CABA). En el sector inmobiliario, el debate se centra en el impacto que podría tener una flexibilización de las normativas vigentes. La actividad funcionó históricamente con distintas regulaciones, pero la tecnología y los cambios en el comportamiento de los consumidores modificaron las dinámicas comerciales.
Plataformas digitales y agentes independientes ganaron protagonismo (de hecho es famosa la guerra de inmobiliarias entre los colegios y Re/Max), desafiaron el esquema tradicional. La pregunta clave es cómo responderá el mercado ante una eventual apertura y qué impacto tendrá en la seguridad jurídica y la calidad del servicio.
