En una auditoría de discapacidad descubrieron una mujer que se disfrazó para cobrar la pensión de su marido fallecido
La imagen del vocero presidencial, Manuel Adorni, exponiendo en conferencia de prensa la radiografía de un perro que fue incorporada en un expediente para acceder a una Pensión No Contributiva por Discapacidad Laboral, quedó grabada como símbolo de los certificados “truchos” que durante “los últimos 20 años” se autorizaban para obtener el beneficio del Estado Nacional. El documento formaba parte de un adelanto de auditoría que en julio de 2024 ordenó la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a cargo de Diego Spagnuolo. En esa oportunidad, el Gobierno denunció “un esquema de corrupción y desvío de fondos a través de la facturación de prestaciones médicas truchas” en la ANDIS que podría ascender “a un total de 3.400 millones de dólares”.
Después de esa aproximación, el Ministerio de Salud -del cual depende la ANDIS- implementó un relevamiento sobre la totalidad de los beneficiarios, que superan los 1,2 millones y que llega a 1,8 millones si se tiene en cuenta el universo total que cuenta con un Certificado Único por Discapacidad. Los resultados que hasta ahora se detectaron superan la imagen de RX que escandalizó al funcionario de Javier Milei.
En la provincia de Buenos Aires descubrieron un hecho que parece increíble, pero es real: una mujer se presentó ante los médicos auditores disfrazada de hombre para intentar hacerse pasar por su marido fallecido; se investiga por qué ese deceso no estaba registrado en los sistemas del Estado.
Este hallazgo fue posible porque, por disposición de Spagnuolo, los beneficiarios que recibieron la carta documento para convocarlos a validar el CUD debían hacerlo de modo presencial. Por esa razón, y de manera inconcebible, ante los peritos médicos se presentaron 331 prófugos de la Justicia que estaban recibiendo pensiones de manera indebida. De ese grupo, 33 fueron puestos a disposición de los juzgados que habían solicitado su captura y 14 fueron detenidos en un solo operativo. Uno de ellos tenía ocho causas penales.
Para las autoridades de La Libertad Avanza, al menos durante el gobierno anterior, “el desvío de fondos destinado a pensiones no contributivas por discapacidad” fue de un 40% sobre el monto anual. Por esa razón, las irregularidades derivaron en una denuncia penal que es investigada por el fiscal federal Guillermo Marijuan.
