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Denuncian cobros de $7000 y multas a beneficiarios de planes sociales por no participar en marchas

Desde que habilitó la línea 134, el Gobierno asegura que recibió miles de denuncias a dirigentes sociales por aprietes y extorsiones a beneficiarios de los planes sociales. 

De las más de 1900 denuncias de todas las provincias analizadas por este medio, el 90% relata amenazas por parte de los dirigentes de los movimientos sociales para que los beneficiarios vayan a marchar el día del paro convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), el 24 de enero.

Los hechos señalados van desde la obligación de pagar cuotas de hasta 7 mil pesos a los punteros hasta multas por no ir a las marchas.

Los denunciantes también acusan a los punteros de otros delitos como la venta de mercadería que entrega el Estado en kioscos, la construcción de casas personales con materiales y en territorios que cede el Estado y el uso de beneficiarios para tareas domésticas en sus propiedades.

En uno de los casos, un beneficiario denunció que una de las delegadas de la cooperativa en la que trabaja -en Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires- les exigió marchar bajo la amenaza de cobrarles una multa de $5000 más el aporte mensual.

“A las 9, Maitén y yo tomaremos lista. Compañeros, los que no van manden suplente y si no van pagarán $5000 más el aporte. Es hasta las 15 que nos volvemos. Cuando se queden sin los planes, a llorar al campito, expresó la dirigenta en el chat presentado ante la Justicia.

Otro de los casos que recibió el juzgado es el de la lista semáforo de una agrupación bonaerense. Se trata de una planilla en la que marcan con verde a los beneficiarios que están al día con los pagos, en naranja a los que tienen algunos incumplimientos y en rojo a los que ya dieron de baja.

Según relata la denunciante, los dirigentes de la organización amenazan con escrachar en redes sociales a los deudores de la cuota mensual -en este caso de $2000- y con dar de baja a los que se cambien las contraseñas de las aplicaciones Mi Argentina y ANSES.

En la planilla que recibió la Justicia se encuentran los nombres, apellidos, números de documento y claves de los usuarios que reciben las asignaciones mediante la organización junto con el color que les asignaron según su situación de pago y coincidencia de contraseñas.

Uno de los casos excepcionales es el de una beneficiaria que pertenece al Movimiento Evita de la provincia de Santiago del Estero que denuncia a su referente por obligarla a realizar trabajos de limpieza en su casa particular, sumado al trabajo semanal en una huerta.

Otro acusa a sus dirigentes de no hacerlos trabajar y de exigirles únicamente que comenten y le den movimiento a las publicaciones en las redes sociales de la organización. Agrega que tienen prohibido expresar su orientación política en sus cuentas personales y que tienen miedo a sufrir represalias.

En otro de los casos, una beneficiaria ligada a la agrupación Libres del Sur de la provincia de San Juan denunció que le bajaron el plan de categoría por no querer hacer campaña y fiscalizar por Sergio Massa. “Cobraba el nexo por la carga horaria y se me quitó a la mitad. Había que salir hacer campaña para Massa y me negué participar en la fiscalización en elecciones y movilizar para campaña”, manifestó.

“Hago un aporte de 2 mil pesos cada mes que piden y lo hago para que me entreguen la mercadería y no me corten el programa ya que es mi único ingreso. Soy mamá soltera, tengo 2 hijos y alquilo y es de gran ayuda este ingreso que quiero ganarme trabajando, pero no en esta organización”, agregó.

“Nos piden el aporte todos los 5 de cada mes. ES OBLIGATORIO IR A LAS MARCHAS Y LLEVAR GENTE. No participé del paro y me dijeron que capaz cobre la mitad y se me caiga el programa solo por no asistir. ¿Cómo sigue este referente al mando después de todas las causas que tiene? Mis compañeras le tienen miedo disfrazado de respeto y distancia”, sentenció en su presentación.

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