La Justicia pidió las cámaras de seguridad de la Casa Patria Grande Néstor Kirchner y el registro de ingresos por una fiesta de cumpleaños en plena cuarentena
La Justicia federal solicitó una serie de medidas de prueba en el marco de la causa que investiga otra posible fiesta de cumpleaños con funcionarios públicos involucrados en medio de la cuarentena de coronavirus.
Se trata del caso que involucra a Matías Capeluto, director ejecutivo de la Casa Patria Grande Néstor Kirchner, que en noviembre de 2020 celebró el cumpleaños de su hijo junto a otros familiares en las oficinas del propio organismo que conduce.
Según pudo saber TN, el fiscal federal Guillermo Marijuán solicitó el 1 de diciembre la indagatoria de Capeluto, pero el juzgado federal 11 que subroga Julián Ercolini decidió reasumir la investigación y antes de hacer lugar a esta petición ordenó otras medidas de prueba.
Cámaras de seguridad, registro de presentes y protocolos
El fiscal solicitó conocer el contenido de las cámaras de seguridad del edificio en el que funciona la Casa Patria Grande Néstor Kirchner (internas y externas); los protocolos vigentes de presencialidad que regían en el establecimiento al momento del festejo y si existe un registro de las personas que ingresaron al lugar aquel 24 de noviembre.
Este organismo descentralizado bajo la órbita de la Secretaría General tiene como objetivo “impulsar la integración de los pueblos latinoamericanos” y funciona como un espacio para la juventud en donde se brindan cursos y seminarios.
Los delitos investigados por el cumpleaños en la Casa Patria Grande
El caso se inició tras una denuncia de la diputada nacional de la Coalición Cívica Mónica Frade, que acusó a Capeluto de cometer los delitos de peculado, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El episodio podría guardar similitudes con el festejo de cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez en medio de las fuertes restricciones por coronavirus, en momentos en los que solo podían circular las personas consideradas esenciales.
Capeluto está imputado y su situación podría complicarse de comprobarse que utilizó las instalaciones de un edificio público para llevar a cabo una celebración privada.
En noviembre de 2020 regía el decreto 875/2020, que prohibía los eventos sociales o familiaresen espacios cerrados, además de restringir en ámbitos de trabajo la reunión de personas para momentos de descanso o esparcimiento sin el cumplimiento de los protocolos.
“El denunciado, su cónyuge y hermano sortearon la prohibición, transformando un inmueble del Estado, en casa de fiesta, a la que asistieron personas ajenas (familia). Esa desnaturalización del uso del inmueble fue posible por estar en posesión de éste en razón del cargo que ocupa”, acusó la legisladora en el documento al que accedió este medio.
