Proponen que el Ingreso Familiar de Emergencia se vuelva «permanente»
Los especialistas proponen que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que implementó el Gobierno nacional para asistir con 10 mil pesos a los sectores más castigados económicamente por la cuarentena se convierta en una política de Estado como lo es la Asignación Universal por Hijo (AUH).
La propuesta apunta a mejorar “las condiciones de vida generalizadas”. Pretenden que la ayuda extraordinaria que en junio comenzó su segunda entrega “tenga continuidad de manera permanente y se cristalice como política pública independientemente de la continuidad o finalización de aislamiento social, preventivo y obligatorio”.
Debate
Para Javier Moreira Slepoy, director de la investigación y titular de la carrera de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC, lo importante es generar un debate acerca de los programas sociales.
“Se pretende poner la discusión sobre la mesa. Tenemos un gran problema en el mundo del trabajo, que se agravó con la pandemia, pero se trata de un problema global, la discusión está en ese marco. Por otro lado se generaron otras modalidades de trabajo como puede ser la economía popular. Ahí hay una realidad muy precaria también”, explica.
“Uno de los problemas que ha habido en los últimos tiempos es la fragmentación de los programas. Un aspecto de la protección de derechos tiene que ver con políticas que tiendan más a la universalidad, no sólo por la igualación del ciudadano sino también para eficientizar las políticas públicas”, agrega.
Los investigadores de tres universidades nacionales de Córdoba – UNC, Universidad de Río Cuarto y Universidad de Villa María- señalan que la implementación de la herramienta de emergencia ha tenido tres aspectos positivos durante el aislamiento: contuvo la abrupta caída de los sectores que no pudieron salir a trabajar; integró a los sectores informales de la economía y logró sostener los niveles de consumo interno que hicieron que la economía no cayera más.
“Antes se pensaba que el que trabajaba no era pobre, pero eso ya no es así”, dice Moreira Slepoy.
Para los especialistas, el Estado “desarrolló una nueva capacidad institucional tanto operativa como financiera que supone una acumulación virtuosa surgida de un momento de emergencia que no debe perderse”.
Financiamiento
La discusión presupuestaria es quizás el punto más complejo en el debate que quieren plantear estos especialistas. Su tesis es que se puede financiar una IFE universal con emisión monetaria sin generar inflación. Una hipótesis arriesgada y polémica a la hora de analizar el gasto público.
“En materia de financiamiento de la política, el Estado recurrió́ a un ritmo más intensivo de emisión de moneda que no ha generado una aceleración en el nivel general de los precios; por contrario, la inflación viene en franco descenso, en especial en los últimos meses. Esto se explica porque los beneficiarios del IFE no trasladan esos nuevos ingresos a ahorro en dólares, evitando la generación de presiones devaluatorias que sí podrían ocasionar riesgos inflacionarios” reza el documento.
Éramos tan pobres
El Estado utilizó más de 80.000 millones de pesos para asistir a casi 9 millones de personas, según datos oficiales. Dentro de la población alcanzada por los 10.000 pesos, el 61% son empleados informales.
Para Moreira Slepoy el financiamiento es ciertamente de un aspecto “problemático”. “Es un debate en el mundo de la economía si una política como ésta generaría inflación o no. Nosotros creemos que no, ya que iría a reactivarla y no generaría presión sobre el dólar. Pero esto también está en el centro del debate que proponemos”, dice el licenciado en ciencias políticas.
“Así mismo, es importante destacar que el hecho de que el IFE haya sido (y pueda seguir siendo) financiado vía emisión no es contradictorio con la necesidad de discutir de forma articulada reformas fiscales más redistributivas que sirvan para fortalecer el financiamiento de ésta y otras políticas sociales generadoras de mayores niveles de igualdad en nuestra sociedad”, agrega el documento
Integral
El grupo compuesto por varios grupos de investigación de estas universidades señala que se debe hacer de manera articulada.
“Las políticas sociales tienen que estar enganchadas en un plan económico laboral, no pueden ser una ambulancia, sino que tienen que promover algún tipo de inserción laboral productiva. Lo que está en entredicho es cómo se construye la democracia con tanta gente afuera. Pensar esto es pensar una convivencia democrática”, dice Moreira Slepoy.
“No puede funcionar por un lado la política social, la productiva y la económica. Es un debate que tenemos que dar”, agrega.
Los investigadores implementarán canales para debatir este proyecto.
