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Francisco incorporó la pederastia como «delito contra la dignidad»

El papa Francisco incorporó al Derecho Canónico los delitos de abusos a menores y la posesión de pornografía infantil como crímenes «contra la dignidad de las personas», según una nueva Constitución en materia penal para la Iglesia publicada este martes por el Vaticano que busca «responder adecuadamente a las exigencias de la Iglesia en todo el mundo».

A través de la Constitución Apostólica Pascite Gregem Dei («Alimenta el rebaño de Dios»), el pontífice dio este martes un paso más en su lucha contra la pederastia dentro de la Curia y enfatizó las herramientas penales con las que la Iglesia sancionará esas conductas, que pasarán a estar calificadas como «delitos contra la vida, dignidad y la libertad del hombre».

Además, la nueva disposición penal dada a conocer este martes plantea a través de la reforma del Libro VI del Código de Derecho Canónico que también serán penalizados ese tipo de delitos cometidos por laicos que ocupen funciones en la Iglesia, y ya no solo los cometidos por los religiosos.

En ese marco, el nuevo canon 1398 dispone que «sea castigado con la privación del oficio y con otras justas penas, sin excluir, si el caso lo amerita, la expulsión del estado clerical» el clérigo que «comete un delito contra el sexto mandamiento del Decálogo con un menor o con persona que habitualmente tiene un uso imperfecto de la razón o a la que el derecho reconoce igual tutela».

También será castigado en la misma línea quien «recluta o induce a un menor, o a una persona que habitualmente tiene un uso imperfecto de la razón, o a la que el derecho reconoce igual tutela, para que se exponga pornográficamente o participar de exhibiciones pornográficas, tanto verdaderas como simuladas» o quien «inmoralmente adquiere, exhibe, conserva o divulga, en cualquier forma e instrumento, imágenes pornográficas de menores o de personas que habitualmente tienen un uso imperfecto de la razón».

Hasta la reforma de este martes, los crímenes vinculados a los abusos se consideraban dentro del encuadre general de «delitos contra obligaciones especiales».

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